La Fiscalía presentó acusación contra la fiscala Ana Girala (foto) y cinco funcionarios de la Unidad Fiscal N° 1 de San Lorenzo por varios hechos punibles relacionados con el cobro de dinero a imputados y abogados para favorecerlos o perjudicarlos en sus causas. El fiscal Osmar Legal, quien lleva el caso, reveló que se trata de una “estructura criminal” que operaba desde hace años y que involucra cerca de 80 casos.
Según el fiscal Legal, la investigación se inició a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre las irregularidades que se cometían en la unidad fiscal liderada por Girala. “Tenemos que recordar que la imputación primaria tenía otros tipos legales, hoy día configuramos a través de la investigación y de los elementos probatorios que tuvimos dentro de la investigación que habría una multiplicidad de hechos donde había conductas extorsivas, habían pedidos de dinero, también habían imputaciones que eran pagadas y todo esto dentro de una estructura criminal que la que encabezaba era la fiscal de esta unidad penal”, explicó.
El fiscal detalló que se analizaron las conversaciones telefónicas entre las funcionarias y los abogados, así como las carpetas fiscales y los expedientes judiciales, donde se corroboraron las maniobras ilícitas. “En la fundamentación nosotros hablamos de cada caso puntualmente y a partir de ahí hicimos una trazabilidad de cada caso, ya sea por conversaciones entre las mismas funcionarias y los abogados, que eran parte de esa estructura, y también pedimos las carpetas fiscales y los expedientes judiciales donde se corroboraban las conversaciones que tenían entre ellas y eso denotó todos los tipos legales”, indicó.
Los hechos punibles por los que se acusa a Girala y sus colaboradores son extorsión, cohecho pasivo agravado, cohecho pasivo simple, persecución de inocentes y asociación criminal. El fiscal Legal señaló que la participación de cada uno de los acusados varía según el caso. Además, informó que se imputó a otras tres personas más que habrían pagado por sus imputaciones. Se trata de un abogado, una mujer identificada como Jennifer y un hombre llamado Higinio Duarte.
El fiscal también mencionó que se detectaron irregularidades en los controles de alcotest que realizaban los funcionarios fiscales. Según dijo, ellos pedían dinero a los conductores infractores y duplicaban las actas. “Había una donación, que era la formal, por llamarlo de alguna manera, que era la que presentaban en el juzgado, pero ellos también le solicitaban un monto para la Fiscalía. Y esos montos van variando”, afirmó.
“Era un engranaje que no dejaba escapar a ningún tipo de víctima: de montos grandes como G. 30 millones a otros menores”, mencionó Legal, al tiempo de anunciar que comunicó a la Fiscalía Adjunta la posibilidad de ocurrencia de otros hechos punibles, como enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por parte de las funcionarias acusadas.
