06 dic. 2025

La Lupa

Los presuntos sicarios serían un menor de 16 años y un joven de 18; la motocicleta utilizada no tenía denuncia de robo y ya había sido vendida por su titular.
La Policía Nacional detalla que los sicarios utilizaron un revólver de alto calibre y que el militar no contaba con custodio; también mencionó una denuncia previa de intento de atentado registrada hace un año.
El director de Ingresos Tributarios aclaró que la ley exige la emisión de comprobantes, sin importar a nombre de quién se impriman; sin embargo, consideró que el uso de efectivo en grandes montos podría ser analizado por otras instancias como la SEPRELAD.
El hermano de la docente fallecida en San Lorenzo expresó su indignación por la falta de respuestas y recordó el compromiso social de Milka, quien trabajaba con niños con discapacidad; la familia exigió justicia y respeto ante el dolor.
La directora ejecutiva de TEDIC cuestionó el monitoreo policial en redes sociales por la marcha de la Generación Z y denunció que se solicitó información privada sin que existiera una conducta delictiva; también reclamó la falta de una ley vigente que proteja los datos personales.
El abogado Juan Pablo Irrazábal afirmó que el Estado no puede justificar el ingreso a grupos cifrados como Telegram o WhatsApp bajo el argumento de “fuentes abiertas” y alertó sobre el uso indebido de datos sin indicios concretos de delito.
Williams Ocampos denunció que fue golpeado con un tubo mientras realizaba entregas nocturnas; permaneció 12 horas en el hospital y decidió abandonar el país por falta de seguridad.
María Graciela Sánchez y su hija fueron embestidas por una motocicleta policial mientras se retiraban pacíficamente de la movilización; Cynthia Sánchez permanece internada y será sometida a cirugía por fracturas en la pierna.
El senador del Partido Democrático Progresista acusó al Gobierno de criminalizar la protesta social y de utilizar a la Policía Nacional como herramienta de persecución política.
Johana O’Higgins afirmó que la movilización fue pacífica y que la Policía priorizó proteger sedes partidarias antes que garantizar derechos ciudadanos; más de 30 personas resultaron heridas y decenas fueron detenidas.
El comisario Feliciano Martínez confirmó que el grupo armado operó con logística sofisticada y que los investigadores ya manejan nombres de sospechosos locales con antecedentes en la zona.
La senadora liberal acusó al titular de Petropar de perjudicar la imagen institucional y de mezclar asuntos personales con decisiones administrativas; Jara admitió que se expuso y prometió revisar su conducta.

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