Rubén Maciel, nuevo viceministro de Política Criminal, habló de las principales dificultades que enfrenta el sistema penitenciario en Paraguay y destacó la necesidad de implementar un modelo de gestión penitenciaria estandarizado. Maciel detalló que los desafíos incluyen cambios en la cultura organizacional de los centros penitenciarios y la selección y formación de los servidores penitenciarios.
El viceministro explicó que las requisas en las penitenciarías deben ser rutinarias para garantizar mayor control y seguridad, pero lamentó que actualmente se realizan como un mero acto publicitario. “Lamentablemente se sigue usando eso como un efecto todavía publicitario, como que algo se está haciendo, pero en realidad es algo que no cambia”, afirmó. Asimismo, señaló que cada penitenciaría tiene su propia cultura organizacional, un aspecto que necesita ser estandarizado para un mejor funcionamiento del sistema.
Indicó que el problema de las prácticas corruptas persiste incluso en las nuevas infraestructuras penitenciarias construidas desde el año 2000. Según él, “habilitar únicamente nuevas infraestructuras no es suficiente para cambiar el modelo. Por eso se está insistiendo tanto en el nuevo modelo de gestión penitenciaria como un elemento clave para poder modificar y mejorar el servicio penitenciario”.
También analizó la situación de soberanía penitenciaria, calificándola como un objetivo complicado debido al control que ejercen los grupos criminales en las cárceles. Maciel denunció que las personas privadas de libertad, incluso aquellas sin condena, enfrentan la imposición de someterse a estos grupos criminales para sobrevivir en el sistema penitenciario.
En este sentido, afirmó que garantizar el control total por parte del Estado es una tarea difícil, pero fundamental. “Es bastante difícil porque son varios los factores. No es únicamente un solo factor el que te permitiría tener 100% de control y soberanía sobre los espacios penitenciarios”, comentó.
Maciel instó a trabajar en una transformación integral del sistema penitenciario, enfocándose en la implementación de un modelo de gestión más eficiente y en el fortalecimiento del control estatal para combatir prácticas corruptas y criminales que afectan a las penitenciarías del país.
