El Ministerio Público eludió la competencia de la Contraloría General del Estado y buscó la manera de evitar las auditorías de los cortes administrativos, denunció el contralor Camilo Benítez. La fiscal general Sandra Quiñónez remitió los documentos de su balance financiero al Tribunal de Cuentas.
“Hace años venimos denunciando que cuando queremos hacer una auditoría, en la Fiscalía nos dicen que no pueden darnos los documentos porque está en el Tribunal de Cuentas, se amparan a una interpretación que hizo la corte”, afirmó Benítez.
