El abogado Ezequiel Santagada, especialista en derecho a la información y libertad de expresión, opinó sobre los oficios que la Fiscalía envió a varios medios de comunicación exigiendo datos de periodistas que realizaron investigaciones sobre casos de corrupción. Según Santagada, estos oficios constituyen una forma de censura indirecta y una violación a la protección constitucional del ejercicio periodístico.
“El ejercicio del periodismo tiene una protección en la Constitución, porque se entiende que el periodismo es necesario en una sociedad democrática justamente como para hacerle contrapeso al poder y cómo hace ese contrapeso, informando a la opinión pública, difundiendo hechos, dando opinión, y por eso está el secreto de las fuentes y las otras garantías establecidas en los artículos 26 y en 29 de la Constitución y en materia de acceso a la información el 28”, explicó.
El abogado cuestionó que la Fiscalía no haya hecho un análisis previo de las consecuencias que pueden tener estos oficios sobre la libertad de expresión y el derecho a la información. “Si una persona que depende de su labor como periodista para mantener a su familia es citada judicialmente una y otra vez por las cosas que está escribiendo, se va a sentir amedrentado”, afirmó.
Asimismo, señaló que los abogados defensores pueden pedir cualquier cosa en favor de sus clientes, pero que el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que tramitar esos pedidos a la luz de la Constitución y la ley. “Y no puedo entender cómo, cuando se cita a periodistas y no hay un mínimo análisis, un somero análisis por lo menos, de cuáles pueden estar las consecuencias y esto entra claramente en la categoría de un hecho que termina generando censura indirecta y por lo tanto menoscabando la libertad de expresión”, dijo.
Santagada expresó que hay una intencionalidad detrás de estos oficios, que es mandar un mensaje genérico a los periodistas para que piensen dos veces lo que escriben y sobre quién escriben. “Acá hay un mensaje de amedrentar al mensajero”, concluyó.
