Pecci comentó que fueron al Instituto de Previsión Social (IPS) y en el Ineram del Ministerio de Salud, ante la posibilidad de que no se haya previsto la adquisición del atracurio, droga esencial en terapia intensiva.
Esto habría provocado la escasez y la necesidad de los familiares de conseguir por sus propios medios el medicamento a un precio marcadamente superior.
“Queremos analizar si hay conductas penalmente relevante. Qué se hizo y qué no.
