La abogada Diana Vargas, especialista en Derechos Humanos, afirma que el Estado paraguayo debe aclarar y rendir cuentas del operativo militar que culminó con la muerte de dos menores de edad en un campamento del EPP.
La profesional del derecho sostiene que hay materias pendientes con relación a los convenios firmados por el Paraguay respecto al reclutamiento de niños y niñas en conflictos armados.
“Cuando el Estado no previene el reclutamiento de menores está obligado a tratarlos como víctimas y no puede darle el mismo tratamiento que el de los adultos”, dice.
Indica que, independientemente a la edad, el Estado tiene la obligación de hacer uso racional y proporcional de la fuerza en los operativos.
“El problema es el modelo de seguridad militarizada que se impuso desde el 2013, con una lógica de guerra, ineficiente, costosa y violatoria de derechos humanos”, manifiesta.
