La ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez, confirma que solicitó informes a sus pares del Ministerio de Defensa respecto a los procedimientos que acabaron con la vida de las menores reclutas del EPP. Aguardan una mesa de trabajo interinstitucional para tomar acciones.
“La responsabilidad del Estado es la de prevenir que este tipo de hechos ocurra”, afirma Martínez.
Indica que no hay denuncias concretas de reclutamiento forzoso de menores, salvo en comunidades indígenas, pero que apuntan a grupos del narcotráfico.
