Andrea Picasso, viceministra de capital humano y gestión, afirmó que los casos conocidos como de “nepobabys”, es decir, la contratación o el nombramiento de hijos de políticos en la función pública, califican como cargos de confianza, según el marco legal vigente. Estos casos han generado el repudio y la indignación de la ciudadanía.
La funcionaria explicó que estos cargos están definidos en el artículo 8 de la ley 1626, que regula la función pública, y que están sujetos a libre disposición de la autoridad de turno.
Según Picasso, el concepto de cargo de confianza implica que las personas que lo ocupan no tienen ningún vínculo o estabilidad laboral, y que pueden ser removidos en cualquier momento. Sin embargo, reconoció que existen algunas dificultades en la implementación de la ley 1626, debido a que hay instituciones públicas que han planteado acciones de inconstitucionalidad contra la misma.
“Acciones de inconstitucionalidad han planteado alrededor de 25 instituciones públicas, y lo que es el Poder Judicial, que está exceptuado de manera anual en la Ley de Presupuestos, que es una ley que se aprueba anualmente, entonces ellos se exceptúan de la aplicación de la 1626 y de la 6622", sostuvo.
La viceministra dijo que desde su ministerio se está trabajando para mejorar y fortalecer el sistema de gestión de recursos humanos del sector público, y que se tiene una rectoría directa sobre el Poder Ejecutivo.
“En una respuesta estrictamente legal, lo que te digo es, están definidos en el artículo 8 de la ley 1626, cuáles son de manera taxativa, dice luego así el marco legal”, dijo Picasso. Y agregó: “Entiendo que bajo el marco legal, y no me refiero solo a una ley, son cargos de confianza”.
Asimismo, indicó que se está elaborando un proyecto de ley que busca modificar la ley 1626, para incorporar criterios de mérito, transparencia y rendición de cuentas en los procesos de selección, ingreso, promoción y evaluación de los funcionarios públicos.
La cuestión del “cargo de confianza” se da en medio de un escándalo que ha salpicado a varios políticos y autoridades del país, que han sido acusados de nepotismo, favoritismo y tráfico de influencias, por haber nombrado o contratado a sus hijos o familiares en cargos públicos, sin cumplir con los requisitos mínimos o los perfiles adecuados para los mismos.
