Las declaraciones surgieron tras las críticas del psiquiatra forense José Vera, quien denunció la ausencia sistemática de tratamiento especializado y alertó sobre el riesgo de reincidencia luego de que condenados recuperan su libertad sin rehabilitación integral.
“El gran desafío siempre fue la escasez de personal de blanco. Hasta abril de 2024 teníamos solo 47 psicólogos, hoy día tenemos 66. Lo más preocupante: había un solo psiquiatra, y ahora contamos con seis”, sostuvo Maciel. El funcionario afirmó que el Ministerio de Justicia trabaja con apoyo técnico, que establece criterios diferenciados de abordaje según el tipo de conducta delictiva.
Explicó que la intervención psiquiátrica se aplica solo cuando el equipo psicológico detecta indicadores clínicos que justifican la evaluación. En esos casos, los psiquiatras viajan por todo el país para realizar los estudios y prescribir tratamientos, generalmente farmacológicos.
Respecto al caso del hombre condenado por abuso sexual infantil y liberado condicionalmente en abril —quien ahora figura como principal sospechoso del asesinato de la misma niña en Yegros—, Maciel aseguró que no recibió indicaciones psiquiátricas durante su reclusión.
“La psicóloga no registró en ningún momento que esta persona necesitara intervención psiquiátrica. Tampoco se detectaron indicadores que sugirieran que no debía acceder a los beneficios penitenciarios”, manifestó. El hombre fue condenado a cuatro años por abuso sexual en niños, accedió a salidas transitorias en 2023 —previstas en el Código de Ejecución Penal— y cumplió sin inconvenientes, según registros del penal.
Maciel confirmó que el Organismo Técnico Criminológico (OTC) inició una revisión interna de las evaluaciones realizadas al condenado, para determinar si los tests aplicados y los periodos de consulta fueron correctos. “Ahora la unidad técnica va a estudiar si fueron adecuados los exámenes, los controles y los informes previos a la libertad condicional”, dijo.
El funcionario señaló que el OTC está compuesto por educadores, psicólogos, psiquiatras, médicos y trabajadores sociales, y que cada integrante elabora su informe dentro de su área de competencia. En el caso en cuestión, el informe psicológico indicó adecuación a las normas del penal, desempeño en tareas laborales y mantención de vínculos familiares, sin incidentes disciplinarios.
“Más allá de la ansiedad en contexto de encierro, no presentó ningún indicador preocupante. Eso es lo que yo asumo que el juzgado valoró para otorgarle la libertad”, expresó Maciel.
El viceministro reconoció que la gran cantidad de personas privadas de libertad y la escasa dotación profesional dificultan las evaluaciones profundas en cada caso. “La capacidad de control se ve limitada. Por eso buscamos reforzar con organismos técnicos y estándares internacionales”, indicó.
