La funcionaria destacó que el nuevo marco legal pone fin a más de dos décadas de aplicación fallida de la Ley 1626 y crea un sistema que reconoce la autonomía constitucional de los entes públicos.
“Qué bueno que Paraguay pueda tener un marco legal que por fin incluya a todas las instituciones públicas, pero que también reconozca a aquellas con autonomía constitucional para que sean autoridad de aplicación”, afirmó Picasso. La viceministra explicó que el principio rector de la ley es la inclusión normativa, sin desconocer la capacidad reglamentaria de órganos como municipios, universidades o el Banco Central, entre otros.
Picasso explicó que a partir de hoy, todas las instituciones públicas deben adaptar sus reglamentos internos, especialmente aquellas que permitían ingresos sin concurso o procesos sin criterios definidos. “La ley define el ingreso a la función pública por concurso, y eso aplica a todas”, sostuvo.
La viceministra detalló que las instituciones autónomas constitucionalmente tendrán la potestad de reglamentar la ley, es decir, de definir el paso a paso del procedimiento en su marco específico. “Van a tener que reglamentar la ley en los diferentes temas. Si una institución permite una entrada esquivando el concurso, debe modificar sus reglamentos internos. Es así”, aseguró.
Uno de los aspectos más destacados de la norma es la creación de una carrera civil con criterios claros, según explicó Picasso. “Hasta hoy Paraguay no contaba con una carrera civil propiamente. El servidor ingresaba a la función pública y no sabía cuál era su trayectoria laboral. Ahora la ley plantea criterios, y eso genera incentivos correctos”, afirmó.
La funcionaria mencionó que el diseño de incentivos busca una gestión pública más eficiente, en línea con las políticas del ministro de Economía, Carlos Fernández, quien suele señalar que este tipo de reformas “no son una revolución, sino una evolución”.
Picasso insistió en que este enfoque permite salir del ciclo de manifestaciones o decisiones arbitrarias, ya que la ley crea parámetros objetivos para el ascenso, permanencia y desarrollo profesional en la función pública.
La viceministra comparó el nuevo marco legal con la antigua Ley 1626, que por más de 20 años tuvo una aplicación parcial, limitada al Poder Ejecutivo, y dejó a muchos entes públicos fuera de su alcance normativo.
