La resolución se fundamentó en la Ley 5777 de Protección Integral a las Mujeres y la Ley 1600 de Violencia Doméstica, en un intento por frenar los ataques y preservar la dignidad de la víctima.
Pino explicó que la decisión surgió a partir de la presentación de capturas de pantalla, amenazas y expresiones ofensivas que circularon en Facebook. “La señorita presentó una denuncia en la comisaría local, donde expresó que fue tratada de forma violenta por un grupo de redes sociales que conocía la zona. Me acercó las pruebas al juzgado y, luego de analizar los elementos, tomé la decisión”, afirmó.
Argumentó que el sistema judicial debía proteger a las mujeres frente a agresiones sistemáticas que pueden generar daños psicológicos. “La Ley 5777 está hecha con el fin de proteger la dignidad de las mujeres, tanto física como psicológicamente. Y esta situación encajó en ese marco”, sostuvo.
El juez aclaró que no fue posible identificar a los autores de las publicaciones, debido a que las páginas eran anónimas y distribuidas ampliamente en redes sociales. Sin embargo, dictó medidas para detener la difusión de nuevos contenidos y evitar referencias futuras a la denunciante.
“Lo que yo ordené fue prohibir que vuelvan a hablar de ella por esos medios u otros medios, porque las expresiones fueron muy ofensivas. Esas publicaciones atentaron contra su dignidad, y ese es el bien jurídico que debemos proteger”, explicó.
Asimismo, el magistrado emplazó a los responsables de dichas páginas a presentarse ante el juzgado. “La ley nos permite emplazarles para que hagan sus descargos, y si no lo hacen, se ordenará que sean traídos por la fuerza pública”, advirtió.
Pino reconoció que el contenido difundido incluía palabras de tono gravemente ofensivo contra la joven, razón por la cual derivó el caso al Ministerio Público. “En mi misma resolución introduje ya la derivación para que esto sea investigado por el Ministerio Público, porque lo dicho puede constituir un hecho punible”, aseguró.
Aunque el juez aclaró que ya no era posible retirar las publicaciones, por su rápida circulación, subrayó que su fallo buscó interrumpir el daño y evitar la repetición de ataques digitales. “Todo el mundo vio las cosas que se dijeron, y la persona afectada no tiene posibilidad de defenderse en redes ante autores anónimos. Por eso decidí actuar y cortar esta situación”, remarcó.
