Carlos Arregui, ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), cuestionó el destino incierto de un informe enviado al Ministerio Público en mayo de 2022 durante su gestión. El documento en cuestión detallaba supuestas operaciones sospechosas de lavado de dinero, implicando a empresas del Grupo Cartes no relacionadas con el tabaco y a individuos bajo investigación en casos de alto perfil como Patrón, Lava Jato y A Ultranza Py.
Arregui expresó su desconcierto ante la falta de acción o retroalimentación por parte de las autoridades competentes tras la entrega de aquel informe. “Se entregó al destinatario natural, que era la Fiscalía y a partir de ahí nosotros nunca más tuvimos retorno sobre qué se hizo con ese informe,” declaró.
El extitular de Seprelad señaló que, en circunstancias normales, se esperaría un intercambio de información entre unidades de inteligencia financiera y entidades como la Fiscalía, la Contraloría o la Senad. Sin embargo, en este caso, el silencio ha sido la única respuesta. “Tengo entendido que finalmente se les derivó a Omar Legal y Liliana Alcaraz,” añadió, sugiriendo que el informe podría haberse “encajonado”.
Cuando se le preguntó sobre la veracidad de la información contenida en el informe y el aparente estancamiento del caso, Arregui cuestionó: “Habría que preguntar qué se hizo hasta el día de hoy en esa causa que llevaban estos dos ya fiscales.” La falta de procedimientos estándar, como la devolución del informe para su profundización, plantea serias dudas sobre la eficacia y transparencia del proceso, sostuvo.
La situación actual plantea una pregunta crucial que, según Arregui, “tiene que ser respondida hoy por la Fiscalía General del Estado”.
