El exministro de Hacienda, Benigno Ferreira, analizó la situación crítica de la Caja Fiscal y los derechos en expectativa de los aportantes. El economista explicó que el sistema enfrenta un déficit creciente y que los derechos adquiridos de los jubilados chocan con la falta de financiamiento, lo que obliga a discutir reformas urgentes.
“Básicamente, ese es el problema que estamos enfrentando hoy. La caja tiene un problema financiero enorme que va aumentando año a año, y está por otro lado el derecho que tiene la persona que ya cumplió todos los requisitos para tener una jubilación. Eso evidentemente en el tiempo muy cercano va a ser imposible de cubrir”, afirmó. El exministro señaló que el sistema diseñado hace décadas ya no responde a la realidad actual. “Vivimos más tiempo, somos más caros cuando somos más viejos, y esos cálculos paramétricos no se pueden financiar”, agregó.
“Ya tuvimos una experiencia cuando la caja de los jubilados bancarios tuvo un problema. Se redujo el pago de las jubilaciones por un tiempo hasta que se llegó a una nivelación otra vez”, explicó. Ferreira sostuvo que este antecedente demuestra la necesidad de conciliar derechos y sostenibilidad. “Yo creo que este es el momento de hablar de eso y de tratar de conciliar los derechos, porque lo que va a pasar si no se toman medidas mínimas es que el sistema no va a dar respuesta a nadie”, advirtió.
Insistió en que los derechos deben ser sostenibles y equitativos. “Todos los derechos tienen que estar conjugados de una manera sostenible y equitativa. Vos no le vas a poder pedir a un ciudadano que siga financiando una caja que tiene problemas estructurales”, expresó. El exministro planteó que solo una vez reestructurado el sistema se podrá pedir un aporte adicional vía impuestos. “Lo que le vas a poder pedir tal vez es que una vez reestructurada la caja, haciéndola financiable en el largo plazo, sí haga un aporte a través de los impuestos”, señaló.
Ferreira concluyó que el debate debe centrarse en el equilibrio entre el derecho adquirido de los jubilados y el derecho de los ciudadanos a recibir otros servicios básicos. “El derecho adquirido del jubilado choca con el derecho del ciudadano de tener salud, educación e infraestructura. Va a ser sumamente injusto sacarle a uno para darle al otro”, sentenció.
