El funcionario explicó que el texto fue redactado con el objetivo de otorgar al regulador facultades legales sólidas para ordenar y modernizar el sistema de pagos en el país. “No es del todo cierto que ese artículo vino directamente del Ejecutivo. Ese artículo en particular, el artículo 4º, consta de varios incisos, y uno de ellos ya estaba en la ley anterior que regulaba el sistema de pagos, aunque de manera parcial”, afirmó .
Señaló que la norma vigente anteriormente estaba enfocada casi exclusivamente en el SIPAP, y no contemplaba un marco más amplio de actores y roles que intervienen en la infraestructura de pagos.
Detalló que la versión inicial del artículo fue modificada tras pasar por una revisión legal dentro del Ejecutivo, que involucró a los abogados del BCP, del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Presidencia. “Los especialistas entendieron que la redacción original no otorgaba al Banco Central las facultades necesarias, por eso se ajustó para dejarlo jurídicamente sólido”, aseguró.
El titular del BCP enfatizó que la intención fue garantizar herramientas legales claras para que el Banco Central pueda definir funciones, evitar conflictos de interés y promover un entorno competitivo y equilibrado en la cadena de servicios de pago. “Fue un proceso de corrección legal, no una imposición, ni una movida política”, agregó.
Sostuvo que el artículo 4º no puede ser entendido de forma aislada, ya que forma parte de un objetivo mayor. “El objetivo general de la ley es imponer tres principios fundamentales en el mercado de pagos: la interoperabilidad, la interconexión y la competencia”, explicó.
Consideró que dichos principios son imprescindibles para garantizar una red de pagos abierta, accesible y eficiente, en la que todos los actores puedan interactuar sin barreras injustificadas. “Ese artículo es fundamental para lograr esos objetivos”, reiteró.
Las declaraciones de Carvallo surgieron luego de que la presidenta ejecutiva de Asoban, Liz Cramer, calificara al artículo 4º como “anti-Bancard” y denunciara un intento de fragmentar forzosamente la empresa líder en procesamiento de tarjetas.
Carvallo no se refirió directamente a esos cuestionamientos, pero insistió en que la ley buscó generar condiciones estructurales para una competencia sana, en lugar de defender posiciones dominantes de ningún actor en particular. “No se trata de destruir ninguna empresa, sino de ordenar un mercado que necesita reglas claras y pares condiciones de entrada y operación”, concluyó.