“Los médicos forenses son cargos administrativos. No todos tienen la especialidad en Medicina Legal y Ciencia Forense”, comenzó explicando. Según Lemir, el país cuenta con 152 médicos forenses adscritos al Ministerio Público, aunque no todos se formaron como especialistas. La cifra excluyó a los forenses de la Corte Suprema y de la Defensa Pública, cuyo número permanece desconocido.
Lemir recordó que la especialización en Medicina Legal nació en Paraguay en 2002. “La primera promoción inició sus estudios en el 2002 y terminó en el 2004. Yo formé parte de ella”, afirmó. Muchos funcionarios forenses ingresaron antes de la existencia del posgrado, lo que explica la falta de titulación en algunos casos. “Ya prácticamente no quedan médicos forenses sin la especialidad, pero es un proceso gradual”, acotó.
El panorama empeoró al hablar de autopsias judiciales. Indicó que en Paraguay solo se realizan necropsias en la Morgue Judicial de Asunción, con cuatro turnos diarios: a las 8, a las 10, a las 14 y a las 16 horas. Aunque los turnos existieron, el índice de autopsias no superó el 10% del total de levantamientos de cadáveres.
“Se hacen muchas menos autopsias de las que deberían hacerse. A veces están llenos los cuatro turnos, pero no siempre”, lamentó el forense. El número limitado de estudios obstaculizó el esclarecimiento de muertes y debilitó procesos judiciales, especialmente en zonas alejadas de la capital.
Culpó a la legislación y a la ausencia de inversión pública. “El Código Procesal Penal, en su artículo 178, permite evitar la autopsia si se presume con inspección externa la causa de muerte. Eso está mal redactado”, criticó. La norma actual dejó abierta la puerta a interpretaciones ambiguas, reduciendo el número de exámenes forenses.
“Tenemos una sola morgue para todo el país. El legislador lo sabe, y también sabe que no hay intenciones de hacer inversiones”, denunció. El médico mencionó ejemplos extremos, como el traslado desde el último rincón del Chaco hasta Asunción, que frenó la realización de autopsias en casos críticos. El sistema, según Lemir, optó por inspecciones corporales preliminares en lugar de necropsias científicas.
Lemir reiteró que el Ministerio Público solicitó mejoras desde hace años. “Venimos reclamando desde hace más de un lustro. En los planes operativos anuales siempre pedimos inversiones”, aseguró. La falta de respuesta generó consecuencias irreversibles en procesos penales, especialmente aquellos que requerían prueba médica irrefutable para determinar responsabilidades o causas.
