Una pieza central en la operatividad del clan dentro del sistema de justicia habría sido Helga Lizany Solís Gomes, sobrina de Eulalio Gomes y prima de Alexandre. Fue asistente fiscal del entonces fiscal antidrogas Marcos Amarilla en la unidad penal de Pedro Juan Caballero en 2019 y utilizaba supuestamente su rol para operar a favor de la organización criminal.
La mujer, que en su momento negó públicamente todo vínculo con esquemas criminales, habría intervenido para encausar procedimientos judiciales a favor de las pretensiones de Lalo y Alex.
Uno de los detalles más impactantes del informe concierne a Anderson Ríos Villalba, alias “Pepe”, un sicario al servicio del PCC y otras organizaciones en la frontera. Según las conversaciones analizadas, alias Pepe se convirtió en una “moneda de cambio” entre la organización criminal y el propio gobierno.
Su liberación, que se concretó a finales de septiembre de 2020, habría sido negociada a cambio de que él eliminara a dos miembros del EPP. Si se materializaba la eliminación de los miembros del EPP, Pepe iba a obtener una supuesta licencia por dos años para cultivar marihuana en la localidad de Arroyito, Concepción, sin ser molestado.
El informe también detalla un encuentro en 2019 donde Eulalio Gomes y el entonces ministro del Interior Euclides Acevedo, junto al ministro de la SENAD Arnaldo Giuzzio participaron en una cena.
En ese encuentro, Eulalio Gómez presuntamente le pidió protección al ministro del Interior para alias “Aguacate”, quien era el jefe de sicarios de la zona de Pedro Juan Caballero.
Los hallazgos de este informe obligan a las estructuras de justicia a examinar todos los expedientes relevantes a la luz de este “modus operandi” que involucraría la complicidad de médicos y otras personas para conseguir beneficios judiciales, como ocurrió en el caso de alias Pepe, comparándolo con el esquema de alias Tío Rico para la obtención de ventajas o libertades.
