El incidente que Orué describió como lamentable y lleno de “improperios de ambas partes”, se produjo el jueves a la mañana.
Los operativos resultaron en el cierre de tres o cuatro locales, identificados como supermercados grandes. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) corroboró que estas empresas no estaban expidiendo facturas legales ni cumpliendo con sus obligaciones tributarias, a pesar de haber recibido advertencias previas y de que la DNIT verificó la situación mediante “compras simuladas”.
El senador Alfonso Noria no solo llamó directamente a Orué, sino que también un grupo intentó presionar a los funcionarios de la DNIT, llegando a rodear el lugar donde se hospedaban en Curuguaty. Orué tuvo que solicitar la intervención de la Policía para proteger a su equipo.
Además, se llevó a cabo una reunión en la intendencia local, donde supuestamente hubo manifestaciones ciudadanas por los cierres. Noria, de acuerdo con Orué, intentó apelar la orden judicial y buscó que la DNIT no se opusiera a la reapertura de los locales.
A pesar de la intensa presión, Óscar Orué afirmó que no cedió. Enfatizó que la ley debe aplicarse a todos, sin excepciones, y que “no podemos más estar en la época donde uno porque tiene apoyo de cierto sector puede hacer lo que quiera”.
Además del senador Noria, otros políticos también ejercieron presión. Orué mencionó la participación del intendente de Curuguaty, concejales y la diputada Cristina Villalba. Aunque el tono de Villalba fue “más amable”, su pedido era el mismo, argumentando que se trataba de “gente pobre” a la que no se podía perjudicar.
Orué indicó que está acostumbrado a que este tipo de acciones generen “pedidos de su cabeza” en la Cámara de Diputados o en el Senado, pero reitera su compromiso con el trabajo de formalización del país.
