El fiscal Silvio Corbeta, quien investiga el caso de la conexión entre el empresario Alberto Koube, vinculado al narcotráfico, y el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa, anunció que amplió la imputación contra este último por los hechos de administración en provecho propio, lesión de confianza, asociación criminal y lavado de dinero.
Corbeta explicó que cuenta con varios elementos probatorios, entre ellos los mensajes extraídos del teléfono celular de Koube, donde se evidencia la tratativa realizada con Roa para la adjudicación de una licitación de 70.000 unidades de chapas de fibrocemento por un valor de 2.300 millones de guaraníes.
Según Corbeta, la empresa que se presentó a la licitación pertenece a una señora de nombre Catherine Ayala, quien declaró ante el Ministerio Público que nunca proveyó ninguna de las mercaderías y que se presentó por pedido del mismo Alberto Koube.
“En ese contexto, todas esas circunstancias pudieron ser corroboradas con esa extracción de datos y ella manifiesta que nunca compró las mercaderías, que nunca tampoco proveyó y tampoco le consta que hayan sido efectivamente proveídas a la SEN, quedando todo a cargo del señor Alberto Koube y de su empresa que en este caso es el grupo Tapiracuay”, afirmó el fiscal.
Indicó que solicitó un informe a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), que administra el grupo Tapiracuay desde que se dieron los operativos en el marco de A Ultranza, para saber si existe algún registro contable de la compra de las chapas.
“En los mensajes nosotros pudimos verificar de que efectivamente el señor Koube le va reportando al exministro, ‘ahora vamos por los 10.000, 20.000’ y así sucesivamente hasta llegar a los 70.000 y menciona en la extracción de datos, se menciona que él realiza una inversión de 1.600 millones de guaraníes aproximadamente por la compra de estas chapas”, detalló Corbeta.
Señaló que con estos elementos se configuran los tipos penales de administración en provecho propio, lesión de confianza, asociación criminal y lavado de dinero, por lo que amplió la imputación contra el exministro Joaquín Roa.
El dinero regresaba en poder de ambos
El fiscal agregó que la Senabico le adjuntó el registro contable, donde se constata que el grupo Tapiracuay compró las chapas por 1.594 millones de guaraníes, lo que coincide con lo que le manifestaba Koube al exministro.
“Es así que después ellos tienen que ver o planifican de qué manera o qué empresa sería la adjudicada”, dijo el fiscal, y mencionó que en los mensajes se propone el nombre de varias empresas que tenían vinculación con Koube, entre ellas JPA Logística y Noemacol, esta última perteneciente a Noelia Colmán, procesada en el operativo A Ultranza.
“Y luego ellos al final deciden que la empresa perteneciente a esta señora Caterina Ayala sea la que se presente a la licitación. Entonces todo eso nos da la perspectiva de que esta contratación efectivamente estaba direccionada para que sea adjudicada esta persona. De hecho la propia Caterina Ayala, que es la propia proveedora, nos corroboró efectivamente esa sospecha”, sostuvo el fiscal.
Reveló que el dinero de la licitación se liberó en dos cheques por un total de 2.310 millones de guaraníes, los cuales fueron endosados y depositados íntegramente en la cuenta del grupo Tapiracuay.
“Y efectivamente no tuvo ninguna ganancia esta señora Caterina Ayala, netamente facilitó nomás su esquema jurídico, su esquema empresarial para parecer como la ganadora de la licitación, cuando en realidad estarían detrás estas dos personas, tanto el exministro Roa como el señor Alberto Koube”, expresó Corbeta.
El fiscal afirmó que de los mensajes se puede presumir que el dinero recibido por Koube se distribuía entre él y el exministro Roa, quienes se reclamaban el pago con frases como “¿ya tenés para el pan dulce?” o “¿y no tenés un vueltito?”.
“Todos esos elementos nos indican claramente de que luego de realizar todo ese llamado oficial dentro de la institución, el dinero regresaba otra vez en poder de Alberto Koube, a pesar de que en los papeles no tenía ninguna aparente vinculación con esta empresa y también en manos del exministro. Y por eso nosotros le atribuimos en calidad de coautores la asociación criminal, porque habrían conformado esta asociación para desviar los fondos de la SEN, introducirlo al sistema financiero a través de las empresas de Alberto Koube y posteriormente instruirse a la utilidad entre ambos”, dijo el agente del Ministerio Público.
