El ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y del Instituto de Previsión Social (IPS), Pedro Ferreira, expresó su preocupación por varios aspectos del proyecto de ley que crea la Superintendencia de jubilaciones y pensiones, que actualmente se encuentra en estudio en el Congreso Nacional.
Ferreira señaló que el punto más objetable del proyecto es la discrecionalidad que se le otorga a un nuevo órgano o persona, que aún no existe, para modificar lo que se apruebe en la ley. “Si vos te fijas en el artículo donde determinan los límites, esa es la discusión principal, ¿dónde se va a ir la plata? En ese, al final, dice, durante el periodo de transición, el superintendente o la superintendencia podrá cambiar esos límites. Entonces, a mí me parece esa discrecionalidad insalvable”, afirmó.
Advirtió que el proceso de intervención que se establece en el proyecto es muy riesgoso para todas las entidades que administren fondos de jubilaciones y pensiones, ya que podrían ser intervenidas si no cumplen con los límites fijados. “Si cualquiera de las entidades, el día de mañana no llega a cumplir esos límites, puede ser intervenida, y eso es gravísimo. Y el proceso de intervención que está ahí, me parece muy riesgoso para todos”, sostuvo.
Por otro lado, criticó que el proyecto no reglamenta los servicios de la seguridad social, como lo establece el artículo 95 de la Constitución Nacional, sino que solo se enfoca en la supervisión de los fondos. “En el artículo 95 dice claramente que los servicios de la seguridad social tienen que ser reglamentados. Ningún servicio de la seguridad social está siendo reglamentado en esta ley”, manifestó.
En ese sentido, indicó que se está perdiendo una oportunidad de garantizar a los trabajadores un ente regulador que vele por sus derechos y beneficios. “Si la Carta Orgánica del IPS dice que vos tenés que jubilarte en 60 días, y el IPS no te jubila en 60 días, te jubila en 600 días, no tenés un ente regulador. No tenés hoy y no tenés después esta ley”, expresó.
Alertó que el IPS podría tener problemas para adecuarse a los nuevos límites de inversión que plantea el proyecto, ya que actualmente tiene la mayor parte de sus recursos en certificados de depósito de ahorro (CDA) y a la vista.
“Y aparte, en otro lugar, ese mismo informe dice que está a cinco años de plazo en promedio, y la ley le da dos años para adecuarse. Entonces, creo que va a tener problemas”, concluyó.
