El contralor general de la República, Camilo Benítez, expresó su respaldo al proyecto de ley hambre cero en escuelas, presentado este lunes por el presidente Santiago Peña, y cuestionó la gestión y ejecución de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) por parte de las municipalidades y gobernaciones.
Benítez afirmó que los informes de la Contraloría deberían de cambiar la política pública, pero que nunca se tienen en cuenta. “Esa es la intención más noble que podría tener nuestro trabajo”, dijo.
El contralor señaló que la ley del Fonacide se hizo mal y se aplicaba al igual que la de royalties, lo que provocaba una baja cobertura de la alimentación escolar, que no superaba el 10%. Por el contrario, elogió la propuesta del Gobierno, que busca asegurar el almuerzo escolar durante todo el año a todos los estudiantes del país. “La propuesta es ambiciosa, porque la idea es que haya una cobertura total”, manifestó.
Benítez reconoció que la descentralización es el mejor sistema, porque nadie más que el intendente sabe qué le falta a su comunidad, pero lamentó que los jefes comunales no sepan administrar los recursos.
Explicó que el proyecto de ley implica una derogación parcial de la ley del Fonacide, y que la administración de los recursos para la alimentación escolar estará a cargo del Fondo Nacional para la Alimentación Escolar (Fonae), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. “La ejecución y administración de recursos será por el Ministerio de Desarrollo Social para lo que es el departamento Central”, precisó.
El contralor aclaró que no participó en la elaboración del proyecto de ley, pero que lo apoya desde su rol de fiscalizador. También dijo que no se debe renunciar a la descentralización por una cuestión de política del Estado.
