El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, habló sobre la serie de medidas drásticas en un esfuerzo por combatir el robo de energía eléctrica, que alcanzó niveles críticos debido a la criptominería ilegal. El Poder Ejecutivo presentó hoy modificaciones a dos leyes clave, que busca imponer penas más severas a los delitos relacionados con la sustracción de energía.
“La ley vigente no es suficiente para disuadir a los criminales. Por eso, estamos proponiendo aumentar la pena de privacidad y libertad de 5 a 10 años para los suministros de media tensión y de hasta 5 años para los de baja tensión”, declaró Sosa.
Estas medidas surgen como respuesta a las numerosas intervenciones realizadas por la ANDE, que no han logrado reducir significativamente las pérdidas energéticas.
La criptominería ilegal se identificó como una de las principales causas de estas pérdidas. “Este año hemos desconectado aproximadamente 51 megavatios de potencia, lo que equivale a la demanda total de la ciudad de Pilar”, explicó Sosa. “Es un problema demasiado importante como para ignorarlo”.
Además de las penas de cárcel, la nueva legislación también contempla la incautación total de los equipos utilizados para la sustracción de energía. “Donde estas instalaciones ilegales se encuentran, sobrecargan las redes y afectan directamente a la calidad del servicio”, añadió el presidente de la ANDE.
Las autoridades esperan que estas medidas no solo reduzcan las pérdidas de energía eléctrica, sino que también fortalezcan el sistema eléctrico del país, impactando positivamente en las finanzas de la ANDE y en la calidad y confiabilidad del suministro para los clientes.
