Una masiva movilización de organizaciones campesinas, comunidades indígenas y comisiones vecinales recorrió este martes las calles de Asunción con reclamos de reforma agraria y vivienda. Francisco Ruiz Díaz, presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), analizó estas demandas y admitió su validez, al tiempo que expuso la severa limitación presupuestaria que sufre la entidad. Actualmente, la institución dispone de un presupuesto de 130.000 millones de guaraníes, una cifra muy inferior a los más de 500.000 millones de guaraníes que administraba hace diez años.
Las exigencias de los manifestantes se agrupan en tres puntos fundamentales: la ejecución real de los fondos para viviendas sociales, la asignación de tierras para los pueblos originarios y el aumento de recursos para el INDERT. Con respecto al primer punto, Ruiz Díaz aclaró que las organizaciones no solicitan un incremento de presupuesto, sino la utilización efectiva de los recursos ya asignados al Ministerio de Urbanismo. Respecto a su propia institución, el funcionario reconoció que los labriegos perciben un agotamiento en la capacidad de respuesta física. El titular citó la postura de los manifestantes: “El INDERT llegó al tope de su capacidad operativa, es lo que puede hacer con el presupuesto que tiene asignado y reclaman que se le dé más presupuesto”.
La reforma agraria en Paraguay arrastra un rezago histórico de más de un siglo. Ruiz Díaz detalló que, en 122 años de vigencia de este proceso, el Estado paraguayo adquirió casi cinco millones de hectáreas de tierra, de las cuales solo transfirió el cinco por ciento a sus legítimos ocupantes. Esta ineficiencia burocrática acumulada dio origen a lo que el funcionario describió como “la concentración más grande de tierra de toda la historia del Paraguay”. Para revertir este panorama, la gestión actual implementó un programa de titulación masiva que ya logró formalizar el cuatro por ciento de las tierras en apenas tres años.
La lentitud del pasado se debió a un sistema de titulación individual en el cual cada beneficiario debía costear mensuras y abogados de forma particular, un método propenso a estafas. La nueva estrategia estatal aplica el método de “barrido predial masivo” para regularizar colonias enteras. A pesar de los avances, la modernización tropieza con archivos que aún son analógicos. La falta de digitalización es tan grave que incluso ciudades enteras, como Coronel Oviedo, se asientan sobre tierras públicas que no figuran en los registros públicos formales.
La precariedad en los derechos de propiedad no solo afecta a las familias rurales, sino que frena el desarrollo general del país. El presidente de la entidad señaló que los conflictos derivados de la falta de regularización de tierras generan una pérdida económica anual equivalente al dos por ciento del Producto Interno Bruto, lo que representa cerca de 1.000 millones de dólares. Por el contrario, la formalización de los lotes funciona como un motor de desarrollo productivo: “cuando uno le entrega un título de propiedad campesino, su productividad puede aumentar entre 40 a 82%".
