Ferreira expuso cómo funciona hoy el sistema de pagos con tarjetas y por qué existe preocupación por el rol dominante de ciertos actores del mercado. “La ley, en el artículo 4, le da facultades al Banco Central para intervenir en este proceso”, explicó el exministro de Hacienda. Detalló que detrás de una transacción con tarjeta existen múltiples entidades: “Hay una procesadora de tarjetas, hay lo que se llama un adquirente, un emisor y una empresa que realiza la transferencia”, indicó.
Según Ferreira, la complejidad del esquema radica en que una misma empresa puede ocupar varios roles dentro del sistema, lo que implica una posición de dominio preocupante. “Si hay empresas que están teniendo varios roles, eso les da un poder de mercado extraordinario, y ahí el Banco Central tendría la facultad de dividirlas para evitar abusos”, afirmó.
Subrayó que muchos consumidores no perciben la estructura que opera detrás de una compra digital, pero que los comercios soportan comisiones importantes al aceptar tarjetas. “En algún comercio te dicen que si pagás en efectivo es más barato. Eso pasa porque el comercio paga una comisión por cada transacción con tarjeta”, ejemplificó.
Explicó que este costo, aunque no siempre visible, impacta en los precios finales que pagan los consumidores. Además, recordó que el proceso de pago genera una deuda inmediata para el cliente y un circuito de compensaciones entre instituciones financieras.
Para Ferreira, la facultad que otorga el artículo 4 permitiría al Banco Central descomponer conglomerados verticalmente integrados, una medida que estimularía la competencia en el sistema financiero. “El Banco Central va a tener el poder de separar esas empresas para reducir ese poder de mercado”, reiteró.
El economista consideró que la medida apunta a proteger la neutralidad e imparcialidad del sistema de pagos, evitando que una entidad controle al mismo tiempo la emisión, adquisición y procesamiento de tarjetas, lo cual distorsionaría las condiciones del mercado.
El artículo 4 generó una fuerte resistencia por parte del sistema bancario y algunos proveedores tecnológicos, que consideran que la regulación podría implicar una intervención excesiva del Estado. Sin embargo, Ferreira sostuvo que la intención es establecer un marco normativo que impida abusos de poder económico, especialmente en un entorno donde la digitalización avanza aceleradamente.
Por último, indicó que el debate debe enfocarse en el interés del usuario final, quien muchas veces desconoce los mecanismos que encarecen o limitan el acceso a servicios financieros básicos.
