El especialista explicó el método utilizado para aproximar el tamaño del sector informal, un fenómeno persistente que representa uno de los principales desafíos estructurales del país. Royg explicó que la economía sumergida incluye todas las actividades productivas de bienes y servicios que evaden normativas tributarias, laborales o sectoriales. “Todo lo que se hace a oscuras, evadiendo los controles, es parte de la economía subterránea”, detalló.
Para medir esta economía informal, el equipo técnico partió de un enfoque basado en causas estructurales y sus efectos visibles. “Identificamos factores disparadores como la pobreza, el desempleo, la corrupción, el autoempleo sin formalización y la baja recaudación tributaria racional”, enumeró.
Agregó que otro conjunto de indicadores permitió identificar con mayor precisión la presencia de informalidad. “El uso de efectivo es una de las pistas claves. En un país con procesos avanzados de bancarización, se espera que la mayoría de las transacciones se realicen por vías electrónicas. Cuando eso no ocurre, hay indicios claros de economía informal”, explicó.
Mencionó la informalidad laboral como un síntoma contundente: “Personas que trabajan sin seguridad social, que ganan por debajo del salario mínimo o que declaran ingresos menores a los reales, son prueba de que hay una evasión estructural en marcha”.
A partir de esos datos, el equipo aplicó un modelo econométrico que cruzó variables causales con consecuencias observables, permitiendo estimar matemáticamente el tamaño coherente de la economía informal.
Royg aclaró que no toda informalidad tiene la misma naturaleza ni la misma gravedad social. “Una cosa es una actividad ilegítima como el narcotráfico o la trata de personas, y otra muy distinta es una señora que hace empanadas en su barrio sin pagar impuestos, que realiza una actividad legítima pero fuera del marco legal”, puntualizó.
En ese sentido, destacó que las políticas públicas deben diferenciar ambos tipos de informalidad al momento de diseñar estrategias de inclusión y fiscalización.
Señaló que muchos aspectos de la informalidad tienen dimensión transnacional, como el contrabando de productos, que afecta tanto a Paraguay como a sus países vecinos. “El contrabando no es solo debilidad de Paraguay. También tiene que ver con las políticas de control de Argentina y Brasil. A ambos les afecta que no se pague impuesto aquí o allá”, afirmó.
El economista concluyó que la formalización debe ser encarada como una estrategia regional coordinada, además de requerir acciones internas que fortalezcan la institucionalidad, reduzcan la corrupción y creen incentivos para salir de la economía sumergida.
