Los demandantes promovieron un amparo judicial para exigir una respuesta institucional a sus pedidos de reliquidación. El IPS contestó el requerimiento dentro del plazo establecido por la Justicia y el expediente continúa actualmente en trámite.
El abogado sostuvo que el caso enfrenta dos principios en conflicto. “Este asunto es una discusión entre derechos colectivos versus derechos individuales”, afirmó. Recordó que la Corte Suprema hizo lugar anteriormente a una acción de inconstitucionalidad promovida por marinos y dejó sin efecto para ellos la norma que establece el tope jubilatorio.
Sin embargo, advirtió que la aplicación práctica de esa decisión tendría consecuencias sobre la totalidad del sistema previsional. “El reclamo que ellos hacen va a tener un impacto en la caja jubilatoria que va a poner en riesgo su sostenibilidad en el tiempo”, sostuvo. Agregó que esa conclusión se apoya en estudios actuariales elaborados por la gerencia de prestaciones jubilatorias.
Morínigo aclaró que actualmente el IPS no puede reliquidar esos haberes debido a una medida cautelar de prohibición de innovar vigente dentro de una acción autónoma de nulidad presentada por la institución.
Las jubilaciones reclamadas rondan entre 60 y 80 millones de guaraníes mensuales y podrían significar un costo de millones de dólares para el IPS cada año.
