A siete años del trágico asesinato del joven militante liberal Rodrigo Quintana, el abogado Guillermo Duarte, representante de la familia Quintana, lamentó la falta de avances significativos en la investigación.
“Cada vez se diluye más la posibilidad”, afirmó respecto a la esperanza de descubrir quién ordenó el violento ingreso a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico que resultó en la muerte de Quintana.
Duarte criticó la reciente exclusión de los padres de Rodrigo como querellantes adhesivos, un movimiento que él considera reduce las posibilidades de reencauzar la investigación. “Es la última chance que tenemos”, señaló, después de presentar un recurso de casación contra la decisión del tribunal de apelaciones.
La comparación entre el interés mostrado en diferentes investigaciones es “diametralmente opuesto”, según Duarte, quien denuncia una politización en la administración de justicia y en el Ministerio Público. “Hay un interés en uno, o sea hay intereses contrarios en los procesos”, explicó.
Durante estos siete años, Duarte señaló a los fiscales generales de turno como los principales responsables de los obstáculos en la causa, y citó nombres como Javier Díaz Verón, Sandra Quiñónez y los fiscales Raquel Fernández, Aldo Cantero Giovanni Grisetti como figuras clave en la supuesta manipulación de este proceso judicial.
Rodrigo Quintana fue asesinado durante la madrugada del 1 de abril de 2017, luego de la quema del Congreso Nacional. El suboficial Gustavo Florentín fue el único acusado por la muerte del joven y ya ha recuperado su libertad.
Sin embargo, aún no se ha determinado quién dio la orden de ingreso a la sede del PLRA que derivó en la muerte de Quintana.
