Javier Godoy, abogado de la familia de Junior César González Barrios, denunció la falta de protocolos adecuados y cuestionó la solicitud de sobreseimiento de los agentes de la Patrulla Caminera implicados en un accidente ocurrido el 18 de septiembre de 2024 en San Antonio, donde dos motociclistas perdieron la vida. Godoy calificó el control realizado por los agentes como irregular y subrayó la necesidad de un juicio oral para esclarecer responsabilidades.
Godoy señaló que los agentes montaron una barrera de control de manera clandestina y sin los requisitos necesarios de seguridad. “Estas personas estaban parando de forma clandestina a las personas”, afirmó.
Según el abogado, la actuación de los agentes contribuyó directamente al riesgo que desencadenó el accidente, ya que el camión retenido en la barrera fue impactado por los motociclistas. “Si nosotros eliminamos el camión que quedó con la carreta, el accidente no hubiese ocurrido. Ellos (Caminera) contribuyeron a un riesgo”, agregó.
También criticó la aparente búsqueda de fiscales “a medida” para cerrar el caso con acuerdos. “Nos invade la duda razonable, donde se ve que buscan fiscales a medida para llegar a acuerdos de las partes y existen elementos suficientes para no llegar a esto”, expresó.
Además, el abogado aclaró que la falta de cumplimiento de medidas de autoprotección por parte de las víctimas, como el uso de casco o luces, no exime a los agentes de su responsabilidad. “El hecho de que la víctima no cumpla con una regla de autoprotección no neutraliza la atribución del riesgo que crearon estos agentes”, enfatizó.
Subrayó que el caso representa una concurrencia de culpas que debe ser analizada en un juicio oral. “Estamos ante una ocurrencia de culpas, donde justamente no se puede dejar de analizar dentro de un juicio oral”, explicó.
Godoy invitó a reflexionar sobre las acciones de los agentes en el contexto del accidente. “Qué hubiese pasado si ellos cumplían con todos los requisitos del debido cuidado, esa es la pregunta que nos debemos hacer”, declaró. Rechazó además cualquier intento de justificar los hechos argumentando que el accidente habría ocurrido de todas formas.
Abogado de agentes defiende su doble rol y acusa irregularidades en el caso
Hernán Daniel Arzamendia, abogado de los cinco agentes de la Patrulla Caminera implicados en el accidente ocurrido el 18 de septiembre de 2024 en San Antonio, defendió a sus representados y aclaró algunos puntos relacionados con el proceso judicial. Arzamendia, quien además se desempeña como concejal, afirmó que cumple con la normativa legal para ejercer ambas funciones.
“Actualmente soy concejal y soy abogado de los cinco agentes de la Patrulla Caminera”, mencionó Arzamendia, subrayando que no infringe ninguna ley. “Nosotros estamos exceptuados de esa ley (ser concejal y representar un caso como abogado)”, agregó, refiriéndose a los cuestionamientos sobre su doble rol.
Explicó que decidió recusar a varios fiscales a lo largo del proceso debido a que encontró irregularidades en su proceder. “Recusé a todos porque donde me iba era el mismo problema”, afirmó. Arzamendia sostuvo que el caso debe analizarse con imparcialidad y presentó como evidencia un examen toxicológico que reveló que el conductor involucrado en el accidente estaba bajo los efectos del alcohol.
Además, señaló que las víctimas no cumplían con medidas básicas de seguridad, lo que aumentó el riesgo de fatalidad. “No tenían chaleco reflectivo, luces”, explicó. Sin embargo, admitió que no tuvo tiempo de presentar una recusación adicional en contra de la última fiscal asignada al caso. “Ayer no tuve tiempo de recusar a la última fiscal porque no tuve tiempo”, comentó.
El abogado subrayó la importancia de un análisis objetivo del caso y reiteró que los agentes actuaron dentro de su marco de responsabilidad, considerando las condiciones en las que ocurrió el accidente.
