16 jul. 2025


Especialista en Derechos Humanos alerta sobre una ‘dictadura encubierta’ en el sistema judicial

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La abogada especialista en Derechos Humanos, Alejandra Peralta Merlo, expresó su preocupación por la situación actual de la justicia en el país. Remarcó que la injerencia política compromete la independencia que debería caracterizar al sistema judicial.

La abogada señaló que la injerencia política no solo afecta a aquellos directamente involucrados en litigios, sino que repercute en la sociedad en su conjunto, incluyendo a los profesionales del derecho.

“Nos afecta a todos como sociedad, a nosotros como abogados, a la ciudadanía,” declaró, haciendo hincapié en la importancia de una justicia imparcial y accesible para todos.

“Cuando un poder está sobre el otro, cuando se quiebra esa independencia de poderes, que es la base de nuestra Constitución Nacional y de nuestra democracia, el problema no solamente es para el justiciable, sino para todos, y para nosotros que estamos trabajando como abogados”, afirmó.

“Uno va a preferir contratar a un bufete de abogados que tiene cierto contacto con el poder. Tenemos un montón de ejemplos de los casos sonados mediáticos que tuvimos recientemente, en los cuales también se utilizaba a la justicia para imponer censura”, agregó.

Enfatizó que si el poder político tiene injerencia sobre el poder judicial se puede hablar de una dictadura. “La línea fina que divide a una democracia o a una dictadura es muy delgada y es muy frágil, debemos proteger la libertad de expresión, el acceso a la justicia, la justicia independiente”, manifestó.

Peralta Merlo también criticó la reciente actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien separó a los fiscales Grisetti y Cantero del caso contra Mario Abdo Benítez.

Según la abogada, el fiscal general cometió un grave error al invalidar las actuaciones previas de los fiscales, una decisión que fue, no obstante, admitida por la jueza del caso.

“La esperanza que teníamos era finalmente que la jueza rechace,” explicó, subrayando la necesidad de un análisis riguroso y la aplicación de estándares adecuados por parte del Ministerio Público.

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