El contralor general de la República, Camilo Benítez, habló sobre el informe “de buena gobernanza”, presentado el pasado mes de diciembre, que resume los hallazgos de las auditorías realizadas por la Contraloría en el 2023. El objetivo del informe es “hacer un consolidado de los informes de la Contraloría, a los efectos que puedan tener implicancia en las políticas públicas”, explicó.
Los informes de la Contraloría “casi siempre tienen que ver con el aspecto financiero de la administración pública y casi siempre están en un formato o en un lenguaje casi inentendible para el ciudadano”, según el contralor. Por eso, dijo, la institución está migrando hacia otra modalidad de auditoría que se llaman auditorías de desempeño, que evalúan la eficacia, la economía y la eficiencia de la administración pública y las políticas públicas.
Benítez señaló que estas auditorías tienen mucha relación con el seguimiento que hacen las Contralorías en el mundo en cuanto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que son 17 metas que los países se comprometieron a alcanzar para el año 2030. “Si bien aquí en Paraguay este es un tema increíblemente muy sensible, pero en todo el mundo los gobiernos están ajustando toda su política para llegar al objetivo trazado para el año 2030", afirmó.
El informe “de buena gobernanza” identifica algunos puntos críticos que requieren una atención urgente por parte de las autoridades, como la deuda pública, el transporte público, la provisión de medicamentos de salud pública, especialmente medicamentos oncológicos, y la alimentación escolar. Estos puntos están en una zona roja, que deben de tener una prioridad y cambiar el sistema inmediatamente, según el contralor.
En cuanto al nivel de endeudamiento, Benítez indicó que Paraguay está en un 37% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que supera el 30% que se consideraba prudente cuando empezó la política de emisión de bonos. No obstante, aclaró que Paraguay está todavía por debajo del 50%, que es el porcentaje común a nivel regional, excepto en Argentina, que es un caso “absolutamente extraordinario” de endeudamiento.
