Mientras los beneficiarios acusan a la previsional de limitar la libertad de elección y actuar como un “equipo de telemarketing” gratuito que engrosa la cartera de clientes de un tercero, la administración de la institución defiende la medida argumentando que es un procedimiento logístico indispensable para canalizar los pagos de manera eficiente.
La magnitud de esta operación financiera es gigantesca, pues el IPS desembolsa anualmente cerca de G. 1.6 billones (unos 30 millones de dólares mensuales), procesando entre 1.800 y 2.000 créditos al mes con recursos de sus reservas técnicas.
El 83% de estos préstamos se destina a jubilados y pensionados, quienes usualmente enfrentan severas restricciones en la banca comercial convencional, acumulando actualmente una cartera activa de unos 45.000 prestatarios bancarizados en dicha entidad privada, lo que representa el 17% de la cartera total de inversiones de la previsional.
Ante los cuestionamientos, Hugo Díaz, director de inversiones del IPS, justificó que la previsional no es una entidad financiera capaz de procesar manualmente transferencias a múltiples bancos para los miles de beneficiarios existentes.
Explicó que el sistema opera de forma automatizada mediante un contrato heredado de hace más de una década, permitiendo que entre 200 y 300 personas al día firmen sus pagarés y reciban la acreditación masiva esa misma tarde.
Díaz enfatizó que la apertura de la cuenta no arrastra la obligación de adquirir otros productos y que el prestatario es libre de retirar su dinero y cancelar la cuenta inmediatamente si así lo desea.
