La Fiscalía imputó este martes a Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, y a otros funcionarios municipales por supuesta lesión de confianza, en la adquisición de kits de alimentos destinados a familias vulnerables afectadas por la pandemia de Covid.
El viceministro de Tributación, Oscar Orue, informó que la investigación se inició hace varios años y que se encontraron inconsistencias entre las compras declaradas por los supuestos proveedores y lo que efectivamente se entregó a la Municipalidad.
“Lo que se encontró en la trazabilidad que solicitó el Ministerio Público en la investigación arrojó de que no coinciden justamente las compras que se hicieron en cuanto a lo que se proveyó. Eventualmente las empresas que fueron las proveedoras no podrían haber entregado la cantidad de productos porque no tenían en stock”, explicó Orue.
Asimismo, señaló que los productos entregados tampoco contaban con el aval del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), entidad encargada de certificar la calidad y seguridad alimentaria.
Agregó que si no aparecen las facturas de la venta de los insumos, el único escenario posible es que hayan estado comprando insumos de contrabando. “Es una presunción muy fuerte, pero no estamos en condiciones de poder confirmar eso”, dijo.
Orue indicó que el fiscal encargado del caso deberá trabajar con la Dirección Nacional de Aduanas para verificar el origen y la trazabilidad de los productos adquiridos por la Municipalidad.
“Desde el momento que en la trazabilidad se observa que no hay consistencia. Normalmente en los casos análogos, vemos que esos productos preferiblemente son de contrabando. O sea, eso es lo que nosotros en nuestra experiencia y sobre todo los casos ya que hemos denunciado, encontramos. Entonces, la verdad que es una situación bastante complicada, Lamentamos mucho que justamente tiene que ver con una cuestión de pandemia”, expresó.
