La futura ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, habló sobre el caso Messer, el escándalo de lavado de dinero en Paraguay que involucra al empresario brasileño Darío Messer y a varios políticos y empresarios como el expresidente de la República Horacio Cartes. Alcaraz explicó los avances y los desafíos de la investigación que inició en 2018, cuando se recibió un pedido de cooperación jurídica de Brasil para capturar y extraditar a Messer.
“En el año 2018, específicamente en mayo del 2018, la Fiscalía dispone la apertura de oficio de una causa que tiene que ver con inversiones de una persona que traía, que invirtió en Paraguay en diversas empresas, con diversos productos, dinero proveniente de un hecho de corrupción en el Brasil, llamado Darío Mésser”, dijo.
Según la fiscal, Messer habría lavado dinero en Paraguay a través de varias empresas y productos, como ganado, inmuebles y joyas. La investigación se realizó en coordinación con los fiscales de Lavajato, el operativo anticorrupción más grande de Brasil. “Nosotros iniciamos el proceso, se realizaron las imputaciones, siempre también de acuerdo a lo que iba ingresando, De acuerdo a lo que avanzaba la investigación, cuando existe el indicio de participación de alguna persona, entonces se va avanzando en lo que sería un proceso penal”, afirmó.
Alcaraz indicó que varias personas fueron procesadas y condenadas por su participación en el lavado de dinero. Por eso, el Ministerio Público presentó un pedido de comiso autónomo sobre los bienes de Messer, que están siendo administrados por la Senabico desde 2018. El juicio sobre el comiso autónomo comenzará el próximo lunes.
La fiscal también se refirió a otras causas relacionadas con el caso Messer, que fueron reasignadas por el Fiscal General del Estado a otros fiscales. Alcaraz dijo que esas causas siguen abiertas y en investigación, pero que no puede dar información públicamente porque así está diseñado el sistema acusatorio.
Cuando una causa está en investigación nosotros no podemos dar información públicamente, así está diseñado el sistema porque nosotros tenemos un principio en el Código Procesal Penal que establece que las investigaciones son solamente públicas para las partes”, explicó.
