La fiscal Patricia Sánchez, quien está a cargo de la investigación fiscal a los legisladores Hernán Rivas y Orlando Arévalo, miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por la sospecha de que obtuvieron títulos falsos en la carrera de Derecho, informó sobre los avances en el caso.
Según la fiscal, hay una diferencia entre las presentaciones de las universidades donde estudiaron los legisladores. “La universidad Leonardo Da Vinci me presenta toda la documentación que solicité, incluidas las actas de los exámenes, con los profesores, quienes rindieron, de las materias que cursó cinco años el diputado Arévalo”, dijo.
En cambio, la Universidad Sudamericana, donde cursó Rivas, solo le pasó certificados de estudios y títulos. Además, ambas universidades le contestaron que no hay normativa expresa sobre el tiempo que deben guardar sus documentaciones, y que se basan en otras normativas de tipo administrativo, que establecen un plazo de cinco años.
“Da Vinci me dice que ellos guardan por dos años, pero no obstante sí me completó más documentación que la Sudamericana”, agregó la fiscal.
Sánchez explicó que luego de analizar la documentación, pidió una ampliatoria al Ministerio de Educación, que le envió el legajo del expediente que se formó para la resolución ministerial que ordenó los registros de los títulos. También pidió que le expliquen qué efecto tiene en el título dicho registro.
“Estoy ahora armando mi cúmulo documental, porque yo misma me tracé esta estrategia sobre qué dicen los documentos del ministerio, si se compadecen, si están acordes con la documentación que tramitó en su momento la universidad y luego de eso empezar las testimoniales ya en base a dudas u observaciones que podamos encontrar en las documentaciones que ya tenemos”, señaló.
Indicó que le pareció mejor primero munirse de todos los documentos para luego llamar a los rectores o a los profesores, y preguntarles por las posibles inconsistencias que encuentre. “Hay mucho vacío legal, y eso dificulta un poco la actividad porque nosotros tenemos que regirnos a lo que es el principio de legalidad en el derecho penal, también en el derecho público”, manifestó.
Aseguró que está avanzando en la investigación, y que está haciendo un oficio por semana desde que entró al caso. “Hay cosas que merecen su tiempo, merecen análisis para no tomar decisiones apresuradas y justamente por apresurarnos, perdernos de cosas que de habernos tomado más tiempo podríamos haber logrado mejor”, expresó.
La fiscal también afirmó que no tiene miedo de las posibles presiones o represalias que pueda sufrir por su trabajo. “Yo estoy empezando en la fiscalía como fiscal porque tengo 23 años de fiscalía y yo no tengo miedo, si yo dejo de ser fiscal mañana, yo me quedo con mi dirección que es exactamente el mismo salario. Yo estoy haciendo mi trabajo y a mí absolutamente nadie me llamó hasta la fecha. Me estoy tomando mi tiempo, estoy analizando todo”, declaró.
Foto: Diario ÚH
