La iniciativa pretende regular el uso de pagarés y evitar su reutilización indebida en juicios ejecutivos, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y la transparencia en los procesos judiciales. El ministro Alberto Martínez Simón explicó que durante la reunión con los legisladores realizaron un análisis detallado sobre los avances y las acciones tomadas contra la llamada “mafia de los pagarés”.
“Hemos hecho un recuento bastante pormenorizado, paso a paso, fecha a fecha, de todo lo que se hizo en este ámbito”, señaló. Según Martínez Simón, la Corte Suprema ya había intervenido en varios juzgados, suspendido jueces y funcionarios, y presentado denuncias ante la Fiscalía General del Estado.
El magistrado informó que la Corte también está impulsando nuevos mecanismos para facilitar las denuncias ciudadanas sobre irregularidades en el uso de pagarés. “Estamos implementando un mecanismo de denuncias telemáticas, que la ciudadanía pueda acceder sin necesidad de trasladarse hasta el Poder Judicial”, afirmó.
A través de un correo electrónico y la página web del Poder Judicial, cualquier persona podrá presentar denuncias sin burocracia.
Martínez Simón destacó que la Corte Suprema presentó dos proyectos de ley con el objetivo de combatir la problemática en torno a los pagarés. El primero de ellos busca modificar el Código Procesal Civil para garantizar que los pagarés utilizados en juicios sean devueltos al deudor al momento del cobro, evitando que puedan ser reutilizados en futuras demandas.
“Nosotros buscamos a través de esta propuesta una operativa que le obligue al acreedor y establezca prerrogativas del juzgado, para que los instrumentos sean devueltos al deudor al momento del cobro”, explicó el magistrado.
El segundo proyecto de ley prevé la creación de siete nuevos juzgados en Asunción y sus alrededores, con la intención de optimizar el procesamiento de causas relacionadas con litigios ejecutivos.
“Creemos que colaboramos en algo con la Comisión y nos pusimos en posición con el doctor Jiménez Rolón para seguir trabajando con ellos en la medida que nos necesiten”, agregó.
El ministro explicó que la reforma procesal no pretende afectar la estructura legal de los títulos cambiarios, que tienen una regulación internacional. “El Código Civil regula todo aquel que atienta los títulos cambiarios y el Paraguay es signatario de convenios internacionales que regulan estos documentos”, afirmó.
Martínez Simón subrayó que cada negociación de un pagaré representa una transacción económica, lo que hace que el tema tenga implicaciones en el sistema financiero.
Respecto a la preocupación por el uso irregular de los pagarés, el magistrado indicó que la Corte Suprema priorizó la identificación del problema en el Código Procesal. “Vamos a tratar de que esos documentos se devuelvan al deudor y que evitemos de esta manera la circulación de un documento ya pagado”, explicó. El Congreso analizará el anteproyecto esta semana.
