“Lo que nosotros hicimos es apelar, porque acá convenientemente se desestimó la denuncia y no nos notificaron. Nosotros, como denunciantes y víctimas, tenemos derecho a apelar y no nos notificaron nunca”, afirmó Pérez.
Según la abogada, la estrategia consistió en presentar la acusación, cerrar la causa y posteriormente emitir la notificación de la desestimación. “Ellos acusaron y después recién cerraron la acusación y después recién nos notificaron de la desestimación”, agregó.
Subrayó que el Tribunal de Apelación tiene la facultad de revertir la decisión y destacó que existe un precedente que permite a los jueces analizar y apartarse de los pedidos de la Fiscalía. “Nosotros tenemos un precedente ya de que no todo lo que pide la fiscalía le tiene que dar el juez, aunque venga de la Fiscalía General”, explicó.
Añadió que la resolución careció de un análisis argumentativo y se limitó a replicar lo propuesto por los fiscales. "Él, al final, copia y pega prácticamente lo que dice la fiscalía. Él no hace un análisis y ese tipo de resoluciones no está exenta de fundamentación”, señaló.
También criticó las contradicciones en el requerimiento fiscal presentado. “Dice que no se investigaron los chats, pues dice que sí se investigó, pero que no es relevante. Pero realmente nunca se investigaron los chats”, denunció Pérez.
Indicó que la Fiscalía no confirmó si las conversaciones existieron o no, lo que quedó reflejado en frases como “si hubiera existido”. “Estas frases son importantes, porque ellos mismos reconocen que no hubo investigación para finalmente terminar desestimando”, subrayó.
Pérez confió en que el Tribunal de Apelación evaluará los fundamentos de la apelación y se pronunciará en favor de un análisis más exhaustivo del caso.
