Según Barreto, las proyecciones de años anteriores quedaron desactualizadas, ya que el ritmo de incremento del déficit superó las estimaciones iniciales. El economista recordó que en 2019 el país superó por primera vez los límites de la Ley de Responsabilidad Fiscal y que, debido a la pandemia, el marco regulatorio no volvió a aplicarse en su totalidad.
“La finanza pública no se pudo recomponer todavía desde el 2019 para acá”, explicó. Según Barreto, el Ministerio de Economía estableció un plan de convergencia para que el país vuelva a cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal en 2026, pero advirtió que lograr ese objetivo será complejo.
Mencionó que el déficit de la caja fiscal alcanzará niveles críticos antes de lo previsto por especialistas internacionales. “Hace tres años, técnicos americanos proyectaban que en el 2029 el déficit de la caja fiscal excedería un punto porcentual del PIB, pero la evolución fue más rápida y ese límite se va a alcanzar antes”, indicó.
El economista afirmó que el crecimiento del déficit se debe, en parte, a la jubilación temprana de muchos funcionarios públicos, lo que incrementa los compromisos del Estado sin una estrategia clara para equilibrar las finanzas. “Cada vez entran más personas con derecho a jubilarse y la gente está optando por hacerlo muy temprano”, expresó.
Posibles soluciones y reformas necesarias
Barreto sostuvo que la reducción del déficit requeriría ajustes significativos en el gasto público. Sin embargo, explicó que los recursos disponibles para recortes son limitados, ya que los gastos rígidos no pueden modificarse. “Cuando tienen que cortar gastos públicos, los gastos rígidos no los pueden tocar, entonces terminan recortando la construcción de escuelas, hospitales y rutas”, advirtió.
Respecto a posibles reformas del sistema de jubilaciones, indicó que los ajustes deben ir más allá de los sectores policial y militar. “Solo atacando las cajas de los militares y los policías no es suficiente”, señaló. También mencionó que existen segmentos de funcionarios públicos que pueden jubilarse a edades muy tempranas, lo que representa un desafío para la sostenibilidad del sistema. “El Magisterio Nacional es el primero que tiene como 70 u 80 mil miembros”, afirmó.
El economista abogó por una discusión seria para resolver la problemática de manera estructural. “Si no, cada seis meses vamos a tener que estar intentando hablar de esto, y en cada situación el arreglo va a ser mucho más difícil”, alertó.
En su opinión, los funcionarios públicos deben adecuarse a reglas generales que garanticen la sostenibilidad del sistema jubilatorio. “Nosotros no podemos usar recursos tributarios de manera permanente para que ellos puedan tener jubilaciones a los 50 años de edad”, enfatizó.