El procurador General de la República, Marco Aurelio González, anunció que pedirá al juez civil el desalojo y la demolición de las propiedades construidas en la finca 916 en los Jardines de Remansito, que pertenece al Ministerio de Defensa. Según el procurador, estas propiedades fueron ocupadas ilegalmente por personas que no tienen ningún título que les legitime la posesión.
González explicó que la medida solo afecta a las personas que todavía no entregaron las llaves de sus casas, que son 11 de 17 familias. Las otras 6 familias ya reconocieron el derecho y la propiedad del Ministerio de Defensa y entregaron sus inmuebles, que constituyen casi el 60% de la zona ribereña.
“Nosotros somos los abogados del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa ya es el titular y puede disponer y determinar. Por ejemplo, si ellos quieren hacer algún emprendimiento arrendable, algún emprendimiento inmobiliario o construir algo para una zona de defensa, esa sería una evaluación técnica que tiene que hacer el titular del inmueble”, dijo.
Informó que presentó al Ministerio Público toda la documentación sobre las propiedades no entregadas, para que evalúen si existen hechos punibles como el lavado de dinero. “El lavado de dinero es que todo lo producido de una situación ilegal lo introduzca en el mercado formal. Por ejemplo, yo obtengo una renta de esa ocupación y le pago IPS a mi obrero, o vendo esa derechera me genera una renta, o tengo alguna actividad en ese inmueble que me genera alguna renta, eso eventualmente podría ser constitutivo de uno o más hechos punibles”, expresó.
González indicó que algunos de los ocupantes usan las propiedades como taller mecánico de embarcaciones, otros como casa quinta y otros como vivienda. Afirmó que ninguno de ellos ha presentado ningún título que le habilite o que le legitime la ocupación.
