La fiscal Patricia Sánchez se mostró sorprendida y a la vez firme ante las críticas recibidas por parte de la Cámara de Apelaciones respecto a la imputación formulada contra el senador cartista Hernán Rivas (foto). La Cámara calificó la acción de la fiscalía como “paupérrima”, un término que Sánchez no considera un ataque personal, sino más bien una valoración del trabajo realizado por su equipo.
Sánchez defendió la validez de la imputación, argumentando que durante la audiencia presentó fundamentos sólidos basados en hechos concretos y detallados que atribuyen al senador Rivas la obtención de un título de abogado de manera fraudulenta.
Detalló que la imputación se centró en la fecha de expedición de la matrícula de abogado y en dos instancias de uso indebido de documentos: una en la Cámara de Diputados y otra en la Cámara de Senadores durante el año 2023.
La fiscala esgrimió que existen tres conductas distintas que se ajustan a dos tipos penales: la producción inmediata y el uso de documentos públicos de contenido falso. Estas acciones están enmarcadas dentro de los niveles de certeza que el Código Procesal Penal exige para presentar una imputación.
Sánchez hizo hincapié en que su acusación no fue por la producción de títulos ni certificados de estudio, ya que esos documentos, producidos en el año 2020, están prescritos. En cambio, la imputación se basó en la producción de la matrícula expedida en 2021, la cual estaría próxima a prescribir en julio del corriente año.
La fiscal también señaló que siguió la estructura de preguntas comunes establecida por una acordada de la Corte para relatar los hechos. A pesar de que su relato se ajustaba a este esquema, la Cámara de Apelaciones decidió inclinarse por la posición de la defensa.
Sánchez concluyó que, aunque proporcionó detalles exhaustivos al contestar el recurso, la Cámara optó por una interpretación diferente, lo que resultó en una valoración negativa de la imputación.
