El procedimiento se aplicará una vez concluido el proceso electoral y tras la verificación de los registros de votación. Ljubetic explicó que la institución mantuvo firme su postura respecto al cumplimiento de la normativa.
“La decisión de la Justicia Electoral está firme, de verificar quiénes votaron y quiénes no, para pasar luego a la Fiscalía”, afirmó.
Posteriormente, el Ministerio Público impulsará las denuncias ante los jueces electorales, quienes deberán convocar a los ciudadanos para que presenten las justificaciones correspondientes.
Entre las causales previstas se encuentran problemas de salud o encontrarse a más de 50 kilómetros del local de votación.
La multa establecida para quienes no justifiquen su ausencia asciende a G. 117.077. Sin embargo, Ljubetic reconoció una limitación en la legislación vigente.
“Ahora, lo que la ley estableció es que no existe ninguna penalidad para el que no pague la multa. Entonces nosotros pensamos quién pagaría. Es una ley que resultó incompleta”, lamentó.
