17 may. 2025

Metrobús: Procuraduría presenta recurso de nulidad contra condena a Paraguay

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La Procuraduría General de la República (PGR) presentó este lunes un recurso de nulidad contra el Laudo Arbitral que condenó al Estado paraguayo a pagar en total USD 16.546.000 a la empresa portuguesa Mota-Engil por la suspensión de las obras del metrobús.

La Procuraduría expuso sus argumentos:

Se ha condenado al Estado paraguayo a pagar intereses compuestos y eso implica capitalizar intereses. Lo que está prohibido por la ley paraguaya. Es anatocismo.

El tribunal ha dado indemnización de lucro cesante a pesar de la expresa prohibición establecida en el contrato.

No ha fundado como se acredito el daño reconocido a Mota Engil ni justificó de manera alguna cómo llego al monto de condena.

No ha reconocido al Estado paraguayo las costas, a pesar de ser ganancioso en mayor proporción y conforme está previsto en el reglamento del arbitraje y en la ley paraguaya.

No se justificó el motivo del rechazo del recurso de rectificación que presentó Paraguay.

El tribunal arbitral dictó el laudo más de un año después de vencido el plazo para hacerlo.

La condena
Según un comunicado de la Procuraduría, la demanda contra el Estado inició en el 2018 tras la decisión del expresidente Mario Abdo Benítez de suspender las obras del metrobús.

La condena fue por “ejecución indebida de la garantía de cumplimiento de contrato, montos retenidos indebidamente, daño emergente, costos y costas e intereses”, dice el documento.

Marco Aurelio González, procurador general, había explicado el 15 de diciembre pasado los argumentos de la condena.

“Las razones del tribunal básicamente son dos, para condenar al Estado. La primera es que el Estado se comportó de manera indebida, debido a que ha actuado en contra de una orden procesal; el tribunal le dijo al Estado que no ejecute la póliza y el gobierno anterior lo ha ejecutado a pesar de eso”.

“La segunda razón es porque el tribunal entendió que una parte del retraso de la obra, Monta Engil reclamó que por culpa del Estado se ha retrasado unos 691 días. El tribunal entendió que solamente 258 días eran imputables al Estado, es decir el 37 % de lo reclamado

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