Una de las denunciantes, cuya identidad se mantiene en reserva, afirmó que la parlamentaria le solicitó montos variables que iban desde G. 200.000 hasta más de G. 1 millón. La mujer sostuvo además que tuvo que recurrir a préstamos bancarios para cumplir con las exigencias. “Un asalto a mano armada es”, expresó al describir la situación.
La funcionaria también aseguró que para obtener estabilidad laboral se exigían sumas mucho mayores. Según su relato, algunos pedidos alcanzaban entre G. 50 millones y G. 100 millones. “Yo voy a estar trabajando toda mi vida, no solamente para pagarla a ella”, manifestó.
Un segundo testimonio respaldó las acusaciones y señaló que recibió una exigencia de G. 50 millones tras obtener un nombramiento. La denunciante afirmó que percibía un salario de G. 6 millones y que solo logró entregar G. 15 millones. “Evité hablar con ella, pero a través de otras personas me hacía mandar mensajes. Quería que vaya a ver ya un préstamo”, relató.
De acuerdo con las versiones expuestas, las personas que no cumplían con los pagos afrontaban amenazas de desvinculación. Las denunciantes sostuvieron que los pedidos de dinero estaban acompañados de constantes presiones para conseguir préstamos y codeudores, incluso mediante gestiones relacionadas con la Caja Parlamentaria.
Además, una de las afectadas afirmó que recibió intimaciones extrajudiciales promovidas a través de la abogada Fátima Agüero, vinculada al entorno de la senadora. Los testimonios describieron un presunto mecanismo de recaudación sistemática que incluía cobros por nombramientos, retención de bonificaciones y exigencias económicas a funcionarios del equipo legislativo.
Hasta el momento, la senadora Zenaida Delgado no emitió una respuesta pública sobre las acusaciones formuladas por las denunciantes.
