La directora de Control Gubernamental del organismo, Gladys Fernández, explicó que la fiscalización busca evaluar el marco normativo y los procedimientos internos aplicados por la Superintendencia tanto para planificar como para ejecutar la supervisión de las entidades financieras bajo su tutela. Asimismo, el examen examinará si la SIB realiza un seguimiento efectivo de las observaciones emitidas, la adopción de medidas correctivas y la sustanciación de eventuales procesos sumariales derivados de sus tareas de control.
Fernández enfatizó la delimitación del trabajo institucional, aclarando que la fiscalización no se enfocará directamente en las entidades bancarias privadas, sino en la efectividad del ente regulador. En ese sentido, la directora remarcó que “la Contraloría no va a ir a auditar a las entidades financieras ni a los bancos”, sino a verificar "¿qué hizo la Superintendencia para que el sistema realmente funcione y dé tranquilidad a la ciudadanía?”.
Del mismo modo, al abordar las limitaciones del secreto bancario, precisó que la legislación vigente respalda el acceso a la documentación requerida, recordando que “las normas que establezcan del secreto o la reserva sobre determinado asunto no obstarán para que se proporcione información y los antecedentes requeridos para el ejercicio de la fiscalización”.
La alta funcionaria detalló las acciones institucionales correspondientes en caso de confirmarse fallas o desviaciones en la función tutelar de la Superintendencia. Fernández indicó que, por mandato legal y constitucional, las conclusiones deberán ser comunicadas formalmente a las cámaras de Senadores y Diputados, al Poder Ejecutivo, al propio Banco Central y a la SIB.
Además, advirtió que si la Dirección de Asuntos Jurídicos o la Dirección de Auditoría Forense determinan la existencia de indicios de hechos punibles, la Contraloría remitirá los antecedentes a las instancias jurisdiccionales correspondientes para su persecución penal.
