Benítez explicó que las alertas se encendieron debido a los reclamos ciudadanos ingresados por su flujo de caja y estilo de vida, enfatizando que “hoy en día todo es trazable” ante los organismos de control. Asimismo, señaló que los informes solicitados a la administración tributaria evidenciaron un claro “desequilibrio entre lo que uno tiene de ingreso y de egreso” en el patrimonio analizado.
A partir de ese reporte inicial, el titular del órgano fiscalizador valoró que la investigación del Ministerio Público resultara más amplia y profunda al descubrir un supuesto esquema de triangulación con empresas contratistas de Petropar.
Benítez reconoció abiertamente que “el Ministerio Público tiene la titularidad de la persecución penal y ellos tienen una competencia mucho más amplia” para efectuar peritajes e inspecciones. Según el contralor, la imputación confirmó las sospechas de la Contraloría sobre un esquema ideado para bancarizar y lavar fondos públicos hacia personas allegadas a Jara y su exesposa.
Por otra parte, Benítez insistió en la urgencia de otorgar a la Contraloría acceso directo a las bases de datos estatales para automatizar la revisión de declaraciones juradas.
El funcionario detalló que la entidad realiza actualmente unos 200 exámenes de correspondencia al año, superando los 12 que se efectuaban en gestiones pasadas, pero estimó que se necesita alcanzar “por lo menos 1.000 por año” para fiscalizar con rigor a los altos mandos.
