María Graciela Sánchez y su hija fueron embestidas por una motocicleta policial mientras se retiraban pacíficamente de la movilización; Cynthia Sánchez permanece internada y será sometida a cirugía por fracturas en la pierna.
El senador del Partido Democrático Progresista acusó al Gobierno de criminalizar la protesta social y de utilizar a la Policía Nacional como herramienta de persecución política.
Johana O’Higgins afirmó que la movilización fue pacífica y que la Policía priorizó proteger sedes partidarias antes que garantizar derechos ciudadanos; más de 30 personas resultaron heridas y decenas fueron detenidas.
El comisario Feliciano Martínez confirmó que el grupo armado operó con logística sofisticada y que los investigadores ya manejan nombres de sospechosos locales con antecedentes en la zona.
La senadora liberal acusó al titular de Petropar de perjudicar la imagen institucional y de mezclar asuntos personales con decisiones administrativas; Jara admitió que se expuso y prometió revisar su conducta.
El director del INE, Iván Ojeda, explicó que la herramienta estadística permite identificar carencias específicas en cada localidad y destacó que Paraguay redujo su pobreza promedio del 57,7% en 2002 al 20% en 2023.
José Medina, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neurología Infantil afirmó que no existe evidencia científica que vincule el uso de paracetamol en el embarazo con el desarrollo del autismo y denunció que el sistema público no cubre la demanda de atención neuropediátrica.
Rocío Vallejo sostuvo que el Ministerio Público atraviesa una crisis operativa y calificó de “inútil” al fiscal general por no garantizar condiciones mínimas para los peritos del Laboratorio Forense.
El comisario Hugo Grance confirmó que Erick Moreno intentó establecerse en Paraguay para operar redes de tráfico y que manejaba dinero desde el extranjero con apoyo local.
María, profesora de un colegio de Asunción, relató que una alumna denunció acoso por parte de un docente de matemáticas y que, tras intentar formalizar la denuncia, recibió una sanción administrativa.
El fiscal Walter Melo confirmó que los jóvenes del Club Sportivo Yryvykua denunciaron haber sido intimidados por el presidente de un equipo rival, quien habría efectuado disparos tras una advertencia.
