El viceministro de Seguridad Interna, Óscar Pereira, anunció que el Gobierno está ultimando los detalles para la aplicación de la ley 5.863, que establece el uso de tobilleras electrónicas para el control de personas con problemas judiciales. El reciente caso de feminicidio ocurrido en Lambaré, donde una joven de 20 años fue arrollada por su expareja que violó su arresto domiciliario reflotó el uso de este sistema.
“Estamos en la parte reglamentaria final y una vez que se ajuste el marco legal, ya estamos pronto a implementar el sistema de las tobilleras eléctricas”, dijo Pereira.
Según el viceministro, la ley fue firmada hace 6 años y es un trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. Además, indicó que dentro de las expresiones del ministro del Interior, está previsto que en los primeros 100 días de gestión se implemente este sistema.
Pereira explicó que hay diversas formas de adquirir las tobilleras electrónicas, una de ellas sería el tipo leasing, es decir, un alquiler por cada dispositivo que se esté usando. “No es que directamente vamos a comprar una tobillera, sino que estaríamos alquilando”, aclaró.
Asimismo, señaló que se está planificando crear una unidad que se dedique exclusivamente a la atención de las tobilleras, para que no se mezcle con el servicio del 911 y se pueda garantizar una respuesta inmediata ante cualquier violación o alerta. “No va a ser 911. Es una unidad aparte porque el 911 tiene demasiada carga de trabajo y eso podría hacer que no resulte efectiva”, sostuvo.
El viceministro admitió que la implementación del sistema será gradual y dependerá del marco legal, de la disponibilidad de los equipos y de la jurisdicción de cada caso. “No puedo decirte que de un día para otro vamos a implementar mil tobilleras. Todo va a ajustarse al marco legal a quién le corresponde o no usar las tobilleras”, manifestó.
