El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz, explicó los motivos del allanamiento que realizó ayer el Ministerio Público en las oficinas de la institución, en el marco de la investigación sobre las supuestas irregularidades en el asentamiento Remansito (finca 916), ubicado en la ribera del río Paraguay, en el distrito de Villa Hayes.
Según Ruiz, los fiscales Osmar Legal y Diego Arzamendia llegaron con una orden judicial firmada por el juez José Delmás, en la que se solicitaba documentación de todos los trámites que pudieron haber realizado los 18 ocupantes que estaban hacia la ribera del río.
Afirmó que la directora de asesoría jurídica le facilitó al equipo fiscal toda la documentación requerida, que consistía en 10 expedientes individuales de personas que habían solicitado al Indert que les enviara un técnico para censarlos y beneficiarlos como sujetos de reforma agraria.
Indicó que estos expedientes se presentaron entre el 2012 y el 2022, y que solo en uno de ellos se realizó el censo, mientras que los demás fueron archivados o cajoneados, debido a que los ocupantes de la zona no reunían los requisitos para acceder a los inmuebles de la reforma agraria.
“Creo yo que ese silencio o ese cajoneo de los expedientes tuvo que ver con el primer informe que habrá presentado el funcionario en el año 2012, donde seguramente informaba que esas ocupaciones no tenían nada que ver con los criterios que se usan normalmente para beneficiar a cualquier persona con inmuebles de la reforma agraria”, expresó.
El presidente del Indert aseguró que esta información ya había sido analizada e informada al Congreso y a los medios de comunicación cuando saltó el caso de los ocupantes VIP de Remansito.
