Los fiscales Silvia Adriana Cabrera y Santiago González Bibolini imputaron a cinco sindicalistas por los hechos punibles contra el funcionamiento de instalaciones imprescindibles, perturbación de servicios públicos y coacción.
Los agremiados son investigados como derivación de una supuesta amenaza de paralizar la hidroeléctrica Itaipú Binacional, realizada por cinco de los nueve sindicatos, ante el anuncio de la reducción del salario.
Mediante un comunicado supuestamente suscripto por cinco sindicatos de la Itaipú formularon la mencionada amenaza.
