Víctor Galeano Perrone, abogado, se refirió este martes al fallo judicial que obliga al Estado paraguayo a desocupar una sede militar utilizada por el Regimiento Escolta. El exsenador figura como propietario del inmueble.
El fallo obliga además al Estado a realizar un previo pago por arrendamiento de unos G. 72 millones por año, desde 1994, lo que sería alrededor de más de G. 2.000 millones hasta este año a favor de Galeano Perrone, según publicó Última Hora.
“Yo no quiero un solo centavo del Estado, yo renuncio a todo tipo de honorarios, porque es mi estudio jurídico el que se presentó. Lo único que pido es que me devuelvan mi propiedad. El Estado es el que tiene que velar por la propiedad privada”, dijo.
Según el exsenador, la propiedad pertenecía a un mayor del ejército, llamado José Tomás Núñez. Manifestó que este fue exiliado durante la dictadura y que en ese momento el Regimiento Escolta ingresa en el lugar.
“En ese momento le entra el escolta a su propiedad, de 900 metros cuadrados y no pudo reclamar nada el señor, obviamente. En el año 93, posterior al golpe de Estado, pide él que se desaloje y a través de un yerno viene a pedirme por favor si yo le podía ayudar a que se desaloje”.
“Yo hablo con el aquel entonces presidente Juan Carlos Wasmosy y me dice que sí, que necesitaba un poco de tiempo. Finalmente, él necesitaba vender. Posteriormente a eso murió él, murió su señora y negociamos un precio que ellos pedían. Yo le compro a los efectos de que sabía de que eso iba a demorar y ellos ya no estaban”.
“Yo no le demandé al Estado. En la época de Fernando Lugo, sin mezclar la parte política porque Fernando Lugo terminó siendo un amigo mío, el procurador general pide una usucapión sobre mi propiedad, estando yo pagando todo año a año los impuestos y esperando el momento en que el escolta diga ‘me cansé, quiero devolver a su propietario’. Yo no le demandé, yo me defendí”.
La Procuraduría General de la República planteó una acción de inconstitucionalidad contra el fallo.
