El ciudadano español Mariano Sopeña fue desalojado de su casa en Luque, una propiedad de cinco hectáreas que le había dejado su padre al fallecer. El abogado Eduardo Bernal, quien representa a Sopeña, denunció que se trata de un caso de falsificación de documentos judiciales, que involucra a una funcionaria de la Justicia Electoral, una abogada y una sociedad anónima.
Según Bernal, su cliente recibió una orden de desalojo basada en un expediente inexistente, que supuestamente le otorgaba la propiedad a Emma Nilsa Turó Martínez, una empleada de la Justicia Electoral que cobraba dos millones de guaraníes mensuales. “Me voy al juzgado de donde salió esa orden judicial de desalojo y no se ubica el expediente, no existe el expediente”, afirmó.
El abogado explicó que Turó Martínez se adjudicó la casa mediante una sentencia judicial falsa, que alegaba que el padre de Sopeña le había vendido el inmueble en el año 2016 por 15 millones de guaraníes. “Nunca se hizo juicio al respecto. Nunca se tramitó ningún tipo de juicio para transferir la casa. Directamente falsificaron la sentencia, la orden judicial, fue al registro y transfirieron la casa”, dijo.
Agregó que la firma de la jueza que supuestamente dictó la sentencia también fue falsificada, y que la magistrada había fallecido por COVID-19. Asimismo, señaló que la Corte Suprema informó que nunca se pagó ninguna tasa judicial para iniciar el juicio de obligación para la realización de la escritura pública.
Bernal indicó que Turó Martínez vendió la casa en 1.500.000 dólares a una sociedad anónima llamada PEHA, integrada por los hermanos Bendlin -entre ellos Patrick, esposo de Sol Cartes-, Fernando Talavera, Oscar da Silva y otros socios. Según el testimonio de Sopeña, Bendlin le presentó a una abogada, Gilda Bordón, del estudio jurídico Bordón Roux-Serrati, quien le defendió de unos juicios de pagarés, pero al mismo tiempo facilitó que la propiedad terminara en manos de la sociedad.
“Existen documentaciones claras y contundentes de que esta abogada fue la que dirigió todo el operativo para que esa propiedad termine en manos de la sociedad integrada por Benlind”, sostuvo.
El caso se encuentra en dos instancias: civil y penal. En la civil, los demandados se dedican a recusar y chicanear el expediente, según Bernal. En lo penal, la fiscal Estefanía González presentó el sobreseimiento definitivo de todos los imputados, argumentando que la firma de la jueza era auténtica. “Para la fiscal no es delito lo que pasó”, lamentó el abogado, quien espera que la Fiscalía General del Estado resuelva el tema, ya que la jueza de Luque otorgó trámite de oposición.
La casa en cuestión, de estilo colonial, perteneció al expresidente de la República José Patricio Guggiari. Bernal contó que Sopeña es el único heredero de su padre, Ángel Sopeña, ginecólogo español que fue precursor del DIU (dispositivo intrauterino).
Mariano Sopeña huyó del país y se encuentra en Brasilia, con temor de regresar a Paraguay, luego de ser desalojado y golpeado, según el relato del abogado.
